Dicho aumento se debe al incremento del número de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial, que ha crecido un 5,5%, y al de los casos que se encuentran en estudio y tienen una medida de apoyo previa a dictarse la medida protectora más adecuada, un 12% superior al año previo, alcanzando los 17.008.

El acogimiento familiar (52%) predomina sobre el residencial (48%), registrándose 18.177 acogimientos familiares, que descienden un 1,5% respecto al año anterior, y 17.061 acogimientos residenciales.

Si nos centramos en los acogimientos familiares según el tipo de familia, se mantiene el predominio de las familias extensas (59%) sobre las familias ajenas, con 10.812 y 7.365 casos respectivamente. En lo referente a la modalidad, los acogimientos permanentes (61%) son los mayoritarios.

En el acogimiento familiar, el reparto por edad es más equitativo que en el residencial: un 18% tiene entre 0 y 3 años; un 14% entre 4 y 6; un 23% entre 7 y 11; un 25% entre 12 y 14; y un 20% entre 15 y 17.

Desde Aldeas valoramos que los acogimientos familiares sean mayoritarios y que dentro de estos continúen predominando las familias extensas. Se cumple así lo estipulado en la Ley del Menor, que señala que, ante la retirada de la tutela de un niño o niña de sus padres, la primera medida de cuidado alternativo recomendada es el acogimiento familiar y, si es posible, en familia extensa, es decir, en aquellas familias que tienen un vínculo de parentesco con el niño o niña.

En relación a las bajas del sistema de protección, destaca el bajo porcentaje de aquellas motivadas por la reintegración de los niños y las niñas con sus familias biológicas, que es de un 11% en el caso de los acogimientos familiares y de un 15% en el de los residenciales. El resto de las bajas responden a la mayoría de edad o al paso a otras modalidades de acogimiento. En 2022, fueron 4.366 los chicos y las chicas que salieron del sistema de protección por mayoría de edad. 

En cuanto al total de niños y niñas migrantes no acompañados, este asciende a 5.868 estando el 95% de ellos bajo una medida de acogimiento residencial y suponiendo el 33% del total de los acogimiento residencial (5.557) y tan solo el 2% de los acogimientos familiares (311).

No hay datos sobre los grupos de hermanos en acogimiento

Un año más, el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia no ofrece información sobre los grupos de hermanos y hermanas que crecen en acogimiento y sobre cuántos de ellos lo hacen separados.

Desde Aldeas recordamos que en cualquier decisión vinculada con la pérdida del cuidado parental debe prevalecer la no separación de hermanos, y que es un principio recogido en la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños. Estas últimas hacen hincapié en que la falta de capacidad o de opciones adecuadas para la ubicación de hermanos en el sistema de protección no justifica su separación y advierten que esta solo puede considerarse aceptable cuando existan razones convincentes que demuestren que mantenerlos juntos va en contra de su interés superior.

La separación de los niños, niñas y adolescentes de sus familias impacta en el desarrollo de su identidad y en su autoestima, pudiendo provocarles una sensación de desarraigo; por eso es fundamental que permanezcan junto a sus hermanos ya que esto supone un soporte esencial para ayudarles a superar el trauma de la separación, recuperar la confianza, la estabilidad emocional y favorecer su bienestar.

En este sentido, desde Aldeas Infantiles SOS, reclamamos que se priorice que los hermanos en acogimiento permanezcan juntos y que se destinen mayores recursos financieros y humanos para facilitar su convivencia y favorecer las relaciones fraternales. Y también, que ante el incremento de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección, se produzca un aumento de la inversión en las políticas de prevención para apoyar y fortalecer a las familias vulnerables, evitando así la separación de padres e hijos, ya que un mayor esfuerzo preventivo reduciría el número de niños y niñas bajo la tutela de las Administraciones Públicas, así como el gasto público y evitaría a los niños el trauma de la separación familiar”.